Modernizar la ENEE no significa venderla: Luis Castro

El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, aseguró en redes sociales que la modernización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), no equivale a su privatización y defendió la permanencia de la institución como patrimonio del pueblo hondureño.

“Modernizar la ENEE no es privatizarla. Es devolverle fuerza, rumbo y dignidad a una institución que le pertenece al pueblo hondureño”, escribió Castro, quien subrayó que el país necesita soluciones de largo plazo para el sector eléctrico.

Según su mensaje, Honduras no puede seguir dependiendo de medidas temporales y requiere “una ENEE ordenada, transparente, eficiente y capaz de garantizar energía de calidad para las familias, las empresas y el desarrollo nacional”.

El funcionario remató su pronunciamiento con una negativa rotunda a la venta: “La ENEE no se vende”, y añadió que tanto la empresa como el sector energético “se rescata, se fortalece y se moderniza para servir mejor a Honduras”.

El “X” llega en un contexto de amplio debate público y político sobre el estado financiero y operativo de la ENEE, marcada por pérdidas recurrentes, elevada deuda y problemas heredados en la prestación del servicio eléctrico en varias regiones del país.

Diversos sectores —incluyendo organizaciones sindicales, empresas privadas, organismo internacionales y expertos en energía— han planteado alternativas que van desde reformas administrativas y auditorías hasta alianzas público-privadas y apertura a inversión extranjera, opciones que a menudo aprovecha la oposición del izquierdita partido Libre para generar preocupación por una presunta privatización.

Analistas consultados señalan que cualquier proceso de reestructuración requerirá transparencia en la gestión, auditorías financieras, renegociación de pasivos y claridad sobre la participación privada, si la hubiera, así como garantizar tarifas justas.

La declaración de Castro enfatiza la decisión de la administración de Nasry Asfura de mantener la ENEE como empresa pública, mientras la discusión nacional sobre cómo garantizar un suministro eléctrico estable y sostenible continúa abierta entre autoridades, expertos y la ciudadanía. 

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