El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, alertó que en Honduras persiste un problema estructural de corrupción que ha debilitado las instituciones públicas y generado un impacto significativo en la población, al tiempo que cuestionó la falta de voluntad política para combatir este flagelo.
Hernández explicó que, en los últimos diez años, la ASJ ha documentado alrededor de 50 casos de lo que denominan “gran corrupción”, caracterizada por la participación de redes organizadas dentro de las instituciones del Estado y con efectos que trascienden a toda la sociedad. “No es un daño a una persona o a una institución, sino al país en su conjunto”, subrayó.
Entre los casos recientes, mencionó esquemas de blanqueo de dinero para campañas políticas mediante el uso de organizaciones no gubernamentales, algunas creadas con permisos legales pero utilizadas para desviar fondos públicos. Según detalló, estas estructuras operan simulando actividades en distintas regiones del país para evadir controles.
El titular de ASJ señaló que, aunque Honduras cuenta con un marco legal adecuado para prevenir la corrupción, el problema radica en la falta de capacidad técnica y ética de quienes ocupan cargos públicos. “Se colocan personas que no tienen la capacidad ni los valores para resistir órdenes ilegales”, afirmó.
